Industria y Comercio afirma nueva clasificación empresarial es necesaria para fortalecer políticas PYMES en el país

REDACCIÓN DELAZONAORIENTAL.NET

Técnicos del MIC exponen ante la Comisión de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados las ventajas de contar con una legislación en materia de clasificación empresarial.

El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), a través de su Viceministerio de Fomento a las PYMES, defendió este jueves la aprobación de la Ley de Clasificación Empresarial, en la que se proponen nuevos parámetros para la categorización de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) en el país.

“La República Dominicana debe contar con una Ley de Clasificación Empresarial, que coloque los parámetros de clasificación de empresas del país en consonancia con las mejores prácticas internacionales, en las que se reduce el criterio de empleos y se amplía el de las ventas brutas anuales, eliminando el valor de los activos. Nuestras MIPYMES deben ser clasificadas igual que sus homólogas de Centroamérica, para que reciban la categorización y los incentivos adecuados para su internacionalización”, señaló un técnico de ese Ministerio.

De la misma manera, el MIC resaltó que la pieza legislativa permitirá homogeneizar y transparentar los distintos registros empresariales que tienen las entidades públicas y privadas en el país, lo que en la actualidad dificulta que se puedan articular programas e iniciativas en favor del segmento de las MIPYMES. Además, permite armonizar los criterios de la clasificación empresarial con la del Sistema de Integración Centroamericana (SICA).

“Esta nueva legislación permitirá que las instituciones públicas y privadas hablen el mismo idioma cuando de MIPYMES se trate, lo que facilitará que diversas instancias estatales puedan definir conjuntamente políticas para el desarrollo de este segmento empresarial. Por otro lado, el país podrá contar criterios homologados de registro de MIPYMES, dentro del denominado Sistema de Información Regional MIPYMES (SIRMIPYMES) del SICA, lo cual permitirá comparar estadísticamente nuestras empresas con las de la otros países de la región”, se dijo.

Otra de las bondades señaladas por el equipo técnico del Viceministerio de PYMES que defendió el proyecto, es que a través de esta legislación se incrementa el volumen máximo de ventas brutas anuales permitidas para mantener una categoría dentro de la clasificación empresarial, lo que protege a las MIPYMES de entrar en competencia con otros negocios de mayor tamaño, permitiéndoles a estas crecer hasta un 300% en sus ventas, sin perder los beneficios que les otorga el Gobierno por ser MIPYMES.

Asimismo, la comisión técnica del MIC indicó que el proyecto de ley introduce la diferenciación entre “microempresa de acumulación” y “microempresa de subsistencia”, generando un incentivo a la formalización para empresas que actualmente operan en la informalidad y cuya vocación es el sustento familiar, pero que rehúyen de formalizarse debido a que temen perder subsidios sociales o ser gravadas impositivamente.

“Una vez establecida la categoría de microempresa de subsistencia (y de acumulación) y comprobada su vocación de sustento familiar o su reducido tamaño, una empresa podría mantener los incentivos sociales que recibe su propietario hasta tanto haya una expansión del negocio. Según cifras de la Encuesta Nacional de Actividad Económica de 2013, el volumen de facturación del 44% de las microempresas (que representan 9 de cada 10 empresas) es de menos de un salario mínimo y la cantidad de empleados que maneja es menor a cinco, permitiéndoles su entrada gradual al sistema de seguridad social como hasta ahora lo han hecho, que de 20% de microempresarios afiliados en el 2005, la cifra pasó a 36% en el 2013, según la Encuesta Nacional de MIPYMES”.

Por último, se indicó que tener ubicadas a las microempresas de subsistencia a través de la Ley de Clasificación Empresarial, garantiza una mayor visibilidad, mayores niveles de formalidad laboral y mayor alcance de las políticas públicas de fomento a las microempresas, en especial en lo que respecta al tratamiento impositivo y un mayor acceso al sistema de compras públicas.

“Una empresa que venda mensualmente el equivalente al salario mínimo no sectorizado o algo más, no tributará nunca puesto que no alcanzará el mínimo gravable requerido para el pago de impuestos. Además, una vez ubicadas y formalizadas las microempresas, será posible focalizar la suma de RD$3,000 millones que invierte el Gobierno anualmente en compras directas a microempresas, especialmente para aquellas lideradas por mujeres, que representan el 51.3% del total de microempresas del país”, señaló la representación del MIC.

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